El debate sobre el uso de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles en los centros educativos se ha intensificado a nivel nacional e internacional. Con la apertura de consultas públicas y foros por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), han surgido múltiples dudas sobre si existe una prohibición oficial de celulares para alumnos y maestros en las escuelas de educación básica en México.
No de manera general ni tajante a nivel federal. La postura oficial de la SEP, encabezada por el secretario Mario Delgado, ha aclarado que no se busca una prohibición absoluta ni eliminar la tecnología, sino abrir un debate nacional y construir un marco regulatorio para proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
La dependencia federal ha señalado que la estrategia se enfoca en fomentar un uso digital responsable, crítico y consciente, reconociendo que las tecnologías de la información y la inteligencia artificial son herramientas útiles cuando tienen un fin estrictamente pedagógico.
Aunque la SEP federal no ha emitido una prohibición generalizada obligatoria para todo el territorio nacional, varias entidades federativas y congresos locales han avanzado con reformas y restricciones específicas dentro de los planteles de educación básica (primarias y secundarias):
Las normativas y discusiones actuales sobre el control de pantallas están dirigidas principalmente a los estudiantes para mitigar problemas como la falta de atención (la UNESCO señala que tras una interrupción por celular, un alumno puede tardar hasta 20 minutos en recuperar la concentración), el ciberacoso y los trastornos de ansiedad asociados al scroll infinito.
Para los docentes y directivos, el teléfono y las herramientas digitales conservan un propósito operativo y pedagógico cuando se integran de manera planeada al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, las directrices institucionales promueven que los profesores encaucen la atención hacia dinámicas presenciales, la interacción social directa y el uso de materiales impresos.
Como parte de la estrategia integral para balancear el tiempo frente a las pantallas, la SEP —en coordinación con directrices federales— ha impulsado acciones complementarias en las escuelas:
Depende de la normatividad específica de cada estado o de los acuerdos internos de cada escuela. En la mayoría de los planteles donde se regula la medida, se permite llevar el aparato bajo la condición de mantenerlo apagado o resguardado durante las clases, permitiendo su uso únicamente bajo emergencias o justificación escolar.
A nivel federal no existen sanciones económicas para los tutores. Las medidas operativas se resuelven a través de los reglamentos internos escolares y acuerdos de convivencia entre directivos, docentes y padres de familia.
No existe una prohibición para los docentes, ya que emplean herramientas tecnológicas para la gestión administrativa y escolar; no obstante, el uso personal de redes sociales durante las horas de clase está desincentivado para mantener la atención y el acompañamiento continuo de los grupos.
Entre las entidades que han implementado marcos regulatorios o restricciones específicas en educación básica se encuentran la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Aguascalientes y el Estado de México.
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