La omisión de auxilio es un delito que consiste en no ayudar a una persona en peligro grave y evidente, cuando se tiene la posibilidad de hacerlo sin poner en riesgo la propia seguridad. Este delito puede tener consecuencias legales para cualquier ciudadano, pero especialmente para quienes ejercen una función pública o educativa, como es el caso de los docentes y directivos en escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En México, la omisión de auxilio está contemplada en varios códigos penales estatales. Un ejemplo es el Código Penal de la Ciudad de México, artículo 156:
«Al que pudiendo hacerlo sin riesgo personal, no prestare auxilio a una persona que se encuentre desamparada y en peligro manifiesto y grave, se le impondrá de quince días a dos años de prisión y multa.»
Este principio también se puede aplicar a nivel nacional mediante la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras disposiciones relacionadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En el contexto escolar, la omisión de auxilio ocurre cuando un docente, directivo o trabajador escolar no actúa ante una situación de emergencia o riesgo, teniendo el deber de hacerlo. Algunos ejemplos comunes incluyen:
La omisión de auxilio puede generar distintas sanciones, dependiendo del caso:
El servidor público puede enfrentar:
Bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Según la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros:
Para evitar incurrir en este delito o falta, el personal educativo debe:
Sí, si se demuestra que no actuó teniendo la obligación y posibilidad de hacerlo, puede enfrentar consecuencias legales graves.
Debes actuar de inmediato según tu función. Si no lo haces, puedes ser señalado por omisión.
Eso no te exime de responsabilidad. Las escuelas deben garantizar que todo el personal esté capacitado.
El cuidado de los estudiantes no solo es una responsabilidad ética, sino también una obligación legal. La omisión de auxilio es una falta grave que puede tener consecuencias penales y administrativas. Actuar a tiempo puede salvar vidas y proteger tu labor como docente o servidor público.
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